• ¿Por qué es tan importante la conversación alrededor de lo que nos falta como sociedad para la construcción de la paz?

• La firma del Acuerdo de paz firmado con la guerrilla más antigua del mundo marcó un hito histórico para Colombia. Sin embargo, el reto que supone construir una paz sostenible supera la firma y exige del compromiso de todos los actores de la sociedad.

El 21 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Paz, una oportunidad para reflexionar sobre la paz como un bien superior. Para este año, las Naciones Unidas enmarcaron este día en “Recuperarse mejor para un mundo equitativo y sostenible”, haciendo un llamado para que la recuperación postpandemia de nuestra sociedad esté basada en la terminación de los conflictos, en el reconocimiento de la dignidad humana, en una economía mundial verde que ayude a enfrentar el cambio climático, y en la generación de una nueva cultura de la no violencia. En ese marco, vale la pena renovar el llamado a contar con una ruta de acción colectiva que acompañe el último año del Gobierno Nacional en la implementación del Acuerdo de Paz, y que facilite la apropiación social de los retos con visión de largo plazo, coordinada y con impacto local.

Un primer componente de esa agenda debe ser una estrategia para la inclusión económica, especialmente en el sector rural, enfocada en los municipios PDET. Con 9 millones de colombianos en situación de pobreza multidimensional, según la más reciente medición del DANE, debemos fortalecer los mecanismos de inclusión social y económica de este sector de la población, enfatizando la educación y el trabajo formal. Además, es prioritario continuar con el proceso de inclusión económica de las personas en proceso de reincorporación, quienes dejaron las armas para sumar al desarrollo del país por medio de proyectos productivos y es un asunto clave para consolidar la construcción de paz en el país.

La implementación de proyectos vía Obras por Impuestos, con foco en educación, conectividad y vías terciarias, detonaría la posibilidad de impactar directamente la generación de empleo, la asistencia escolar y la calidad educativa, y la posibilidad de fortalecer cadenas de valor a nivel local. En conjunto con la Gobernación de Antioquia y la Agencia de Renovación del Territorio ya se cuenta con un paquete de 17 proyectos priorizados cuyo valor asciende a cerca de 600 mil millones de pesos, que se propone implementar mediante este mecanismo, y que es una invitación abierta a avanzar en su realización.

Concentrar los esfuerzos en materializar la actualización del catastro multipropósito, en conjunto con el ordenamiento social de la propiedad rural, debe ser un segundo componente. Generar una solución estructural para enfrentar la violencia y los cultivos ilícitos pasa precisamente por la formalización de la tierra: en Antioquia hay 12.090 hectáreas de coca, en una zona como el Bajo Cauca, en donde hay más de un 80% de informalidad en los predios rurales. Por ello, se debe acompañar a la Gobernación de Antioquia en la meta de actualizar 454 mil predios urbanos y rurales durante este año, complementando la aceleración y la implementación del Plan nacional integral de sustitución de cultivos ilícitos (PNIS), junto a programas de desarrollo productivo alternativo de largo plazo, con una estrategia de comercialización clara y efectiva.

Una última línea de esta agenda debe estar centrada en el aprovechamiento del potencial ambiental y una lucha frontal contra el cambio climático, en otras palabras, implementar una política de crecimiento verde. Junto con la formalización de predios, se pueden identificar zonas del departamento para el desarrollo de activos ambientales, en materia de créditos de carbono o de biodiversidad; y construir así un plan de trabajo colaborativo y regional que permita este aprovechamiento. Esto, sumado a la apuesta de Alianza Unidos por el Planeta de la Gobernación, sería una apuesta ganadora y de articulación público-privada-social con beneficios colectivos.

En definitiva, la paz debe tener en cuenta los problemas públicos inherentes a las realidades territoriales y que guardan estrecha relación con los conflictos, tanto armados como sociales y económicos presentes en nuestro país. Por ello, la invitación es a seguir construyendo escenarios y rutas colectivas para hacer de la paz sostenible una realidad.