¿Cuál es el asunto?

Las economías criminales de los grupos armados ilegales afectan el bienestar y la calidad de vida de las comunidades en donde se presentan. En el marco del conflicto armado en Colombia, los grupos armados ilegales financian su operación mediante economías criminales compuestas por narcotráfico, extracción ilícita de minerales, mercado de armas, prestación de servicios como seguridad y crediticios, comercialización de tierras por venta, renta o despojo, comercialización criminal de madera, secuestro y extorsión, entre otras acciones (Giraldo & Muñoz, 2012).

Estas economías son sustentadas y controladas a partir de prácticas violentas (como homicidios, desplazamiento forzado, reclutamiento forzado, entre otras, que afectan directamente a las comunidades) y encuentran escenarios oportunos para su consolidación a partir de tres factores que se presentan en los territorios: informalidad en la tenencia de la tierra, debilidad institucional y pobreza multidimensional.

¿Qué se puede hacer?

Considerando que las economías criminales tienen efectos negativos de corto y largo plazo que comprometen el desarrollo sostenible de las comunidades, es necesaria la puesta en marcha de acciones multisectoriales que, de manera integral, mitiguen algunos de estos efectos. De esta forma, se pueden articular esfuerzos de distintos sectores para:

• Implementar el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos -PNIS-

• Implementar los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial -PDET-, el Ordenamiento Social de la Propiedad Rural, y el Catastro Multipropósito

• Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana

• Programas de reforestación

• Garantizar trayectorias educativas completas

• Obras por impuestos

Algunos datos

• Para 2020, Antioquia registró 12.090 hectáreas de cultivos ilícitos con un aumento del 27% con respecto al año anterior. Específicamente la subregión del Bajo Cauca antioqueño representa el 49,2% del total departamental con 5,948 Ha concentradas en el enclave Cáceres-Tarazá. Esta subregión presentó un aumento del 80% del área ocupada y un 16% de la cantidad de cultivos con respecto al año 2019 (UNODC, 2021).

• Como cadena de valor ilegal, los cultivos ilícitos son controlados y soportados a partir de prácticas violentas como homicidios, desplazamiento forzado, reclutamiento forzado y despojo de tierras. Para 2019 la subregión del Bajo Cauca alcanzó una tasa de 145 homicidios por cada 100.000 habitantes (Gobernación de Antioquia, 2020), ubicándola como una de las regiones más peligrosas del mundo.

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La oportunidad perdida en la ilegalidad del desarrollo rural