Imagen de archivo tomada de @PHRLegal

La creación de un tribunal independiente de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –Dian–, especializado en asuntos tributarios, sería una fórmula ganadora para todos. En la más reciente reforma tributaria, el legislador consideró pertinente crear una comisión de expertos encaminada a estudiar el sistema tributario existente y, a partir de ello, proponer reformas enfocadas en la prevención de la evasión y elusión fiscal, así como procurar la equidad y eficiencia tributarias. Como resultado del estudio realizado por la comisión, se expidió un informe dirigido al Ministerio de Hacienda con las diferentes propuestas para actualizar estructuralmente el régimen tributario. Entre ellas, la creación de un tribunal sin naturaleza judicial, adscrito a MinHacienda, autónomo e independiente en sus decisiones, encargado de resolver en forma definitiva las discusiones de carácter tributario que plantean los contribuyentes. Para comprender la propuesta es necesario remitirnos al procedimiento actual donde la DIAN realiza una investigación y profiere un acto administrativo que incorpora una propuesta de modificación a una declaración tributaria, así como una sanción derivada de ello. Contra la modificación, el declarante puede aceptar u oponerse, ejerciendo su derecho de defensa. De nuevo la autoridad evalúa la respuesta del declarante y en 6 meses se vuelve a pronunciar. El declarante puede aceptar o no dicha determinación. De no aceptarla, vuelve a la DIAN y ésta se toma un año para responder de forma definitiva ¡Que enredo; tres veces la DIAN! Y aquí no termina, el contribuyente puede llevar las discusiones ante jueces administrativos, congestionando la justicia innecesariamente, puesto que el Consejo de Estado revierte dichas decisiones, según el número de demandas iniciadas, en proporciones entre el 44% y el 23%, tal y como ocurrió para los años 2012 y 2013, respectivamente, según datos del Instituto Colombiano de Derecho Tributario –ICDT–. Al analizar la proporción de los valores discutidos resueltos en favor de los contribuyentes, encontramos que en 2012 se obtuvieron sentencias favorables por un valor de $235 mil millones de pesos equivalentes al 69% de las cuantías en discusión y, en 2013, por $231 mil millones, correspondiente al 68% (ICDT). La propuesta de la comisión de expertos significa que la DIAN no podría actuar como juez y parte. El Tribunal resolvería las discusiones administrativas en última instancia, antes de acudir a jueces, eliminando con ello que el ente fiscalizador y recaudador tenga la facultad para decidir estas controversias. Seguramente, disminuiría tanto el extenso período de tiempo en que se resuelven las controversias, como la confirmación de posiciones posteriormente revertidas por los jueces. Todo lo anterior significaría descongestión judicial, eficacia en la temporalidad del procedimiento, disminución de los costos por intereses moratorios, sofisticación de las discusiones y confianza en la independencia de las decisiones. El Tribunal es hasta ahora una propuesta, su implementación requerirá que el Congreso de la República incorpore legalmente su creación y alcance, constituyendo un gran paso para la independencia de las decisiones y materialización de una equidad tributaria, determinando las cargas y beneficios que normativamente correspondan a cada contribuyente. Juan Camilo de Bedout Posse Herrera Ruiz Abogados Afiliados a Proantioquia